En España apenas se usan, pero en otros países son muy populares y en algunos, como Rusia, son incluso obligatorias. Las cámaras instaladas en el salpicadero o el parabrisas del coche, o dashcam, permiten grabar todo lo que sucede en la calzada mientras conducimos y resultar útiles para, por ejemplo, aclarar de quién es la culpa en caso de accidente. En nuestro país, su instalación no es ilegal, pero el uso que se haga de ellas sí puede ser contrario a la legislación.

La inclusión de estos dispositivos en los automóviles, bien en la parte delante o tanto en la delantera como en la trasera, es habitual en países con altos índices de corrupción policial, ya que no es raro que los conductores sean parados y extorsionados por agentes, o en aquellos en los que son muy frecuentes los casos de fraude a las aseguradoras mediante la simulación, por ejemplo, de atropellos a viandantes que esperan el paso de un vehículo para abalanzarse sobre él.

En España estas prácticas, de existir, son anecdóticas, pero el uso de las dashcam podría ayudar a las aseguradoras a reducir los casos crecientes de fraudes de otro tipo y a reducir la litigiosidad en caso de siniestros más complejos y en los que resulta difícil esclarecer la responsabilidad. La duda que puede surgir a los conductores que se planteen instalar una cámara en su coche es si es legal o no usarlas.

Al igual que en el caso de los teléfonos móviles, y en base a la ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, manejarla mientras se conduce sí podría acarrear una sanción económica de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carné. Por otro lado, es muy importante su ubicación, ya que en caso de entorpecer el campo de visión también sería motivo de multa.

Lo que la normativa de tráfico no regula si es legal o no captar imágenes mediante una dashcam y si, por ejemplo, tienen validez como prueba. Sin embargo, la grabación de todo lo que sucede en la vía pública, y sobre todo la captación de datos que permitan identificar a otras personas, como su cara o la matrícula de su vehículo, puede contravenir la legislación en materia de privacidad y protección de datos.

La línea roja entre uso doméstico y videovigilancia

Como norma general, lo que hay que discernir es si su uso entra dentro de lo que se consideran grabaciones particulares o si se encuadra en la videovigilancia en el espacio público, una competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según la Guía de videovigilancia de la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), las grabaciones con dahscam son legales siempre y cuando tengan una finalidad doméstica, por ejemplo para tomar imágenes del paisaje, algo más habitual en caso de ciclistas y motoristas. Ahora bien, si, por ejemplo, el conductor decidiese subir esas imágenes a las redes sociales, quedaría sometido a la normativa de protección de datos, y publicar imágenes en las que se identifiquen a terceros sería denunciable.

La AEPD, basándose en la regla del interés legítimo y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sí considera válidas las grabaciones con estas cámaras con la finalidad de obtener fotografías o vídeos como pruebas en relación con posibles accidentes o incidencias de tráfico. En cualquier caso, también establece limitaciones: que la grabación se active únicamente en el momento en que sucede el siniestro que se quiere probar y que las imágenes que se capten del exterior se limiten al frontal del vehículo. Para evitar que se considere videovigilancia, algunos modelos de estas cámaras incluyen un sensor que activa esa grabación en el momento en que detecta un golpe en el vehículo y permanece apagada el resto del tiempo.